ONGs buscan paralizar industrias extractivas chinas (Opinión)

marzo 13, 2017

 

No hay duda que hay un sentido de oportunidad de las ONG que se oponen como sea a la inversión en industrias extractivas en el Perú. Si antes el objetivo era obstruir, trabar, extorsionar, etc.; proyectos de minería, gas, petróleo e hidroeléctricas de propiedad de empresas occidentales en el país, -para a su vez poder paralizar la senda de crecimiento del país y luego clamar a los cuatro vientos “el modelo ha fracasado”-; ahora el objetivo son las inversiones chinas.

 

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El viernes 17 de febrero en el Hotel Carrera se realizó el Foro Público “Estándares socio ambientales de las inversiones mineras chinas en Perú” organizado por OXFAM, Iniciativa para las inversiones sustentables chinas (IISCAL), Cooperacción, Frente de Defensa de la provincia de Cotabambas y distrito de Progreso, Comisión de Energía y Minas y Comisión de Pueblos andinos, amazónicos y afro peruanos, ambiente y ecología del Congreso (Congresistas Richard Arce y Mario Canzio). Toda una gallada de demagogos a sueldo.

La primera exposición fue de Julia Cuadros de Cooperacción. Ella reconoce que el Perú exporta un total de US$ 7,067 millones de los cuales US$ 6,081en productos mineros, US$ 927 en productos pesqueros y agricultura, US$ 59 en petróleo y gas natural. China es el país con mayor cantidad de inversiones en el Perú: US$ 22,659, lo que representa el 35.4% del total de inversiones extranjeras en el país (US$ 63,928 millones). Todas estas cifras a febrero del 2015.

La piedra de toque viene aquí: los capitales chinos están detrás de la mayor parte de los proyectos mineros en cartera; vale decir ampliaciones, proyectos con EIA aprobado, con EIA en exploración, en operación minera. En total hablamos de US$24,478millones (cifra del 2016). No hay duda que es lo que hay que tumbarse.

Por ello el discurso de los conflictos socio-ambientales (reales o aparentes). Según la Defensoría del Pueblo el 62.7% de los conflictos se dan por la actividad minera y el 15.9% en la actividad de extracción de hidrocarburos. Aquí viene el uso del lenguaje como espolón: el conflicto nace de la diversidad de puntos de vista que se dan en una democracia con pluralidad de actores y con mecanismos institucionales para resolverlos. Hasta aquí todo suena bien, pero las comunidades buscan con la violencia -o la amenaza de la violencia- imponer su voluntad sobre las empresas y el Estado. ¿Quién está detrás de ellos causando la zozobra, buscando con toda su red de contactos nacionales e internacionales que se imponga su voluntad con impunidad?

La solución mágica: un asambleísmo donde todo se pare. Eso es el diálogo tripartito multi-actor que proponen: tres niveles de gobierno, la “sociedad civil organizada”(o sea ellos), la empresa y las comunidades. Es un “diálogo intercultural”, con enfoque de género (o sea todo el rollo ideológico que cargan). Los acuerdos deben tener indicadores de cumplimiento.

Por otro lado, se propone un sistema de prevención de conflictos que tiene que ser multi-actor, multisectorial, descentralizado y tener un “enfoque de derechos” (todos tienen derechos pero no obligaciones, como cumplir la ley). Receta para que nada salga.

Se obliga a que los planes de inversión social de las empresas o el “adelanto social” (utilizar en el presente flujos tributarios de futuro)deben estar en función delos planes de desarrollo de los distritos, municipios provinciales y del gobierno regional. ¿Existen? ¿Son coherentes? (si no existen, ellos se ofrecerán a hacerlos). Se exige trasparencia en la información corporativa, en los instrumentos compromisos y gastos ambientales.Otra receta para la parálisis.

La siguiente expositora fue Paulina Garzón de IISCAL con una ponencia titulada “Lineamientos ambientales y sociales chinos una herramienta win-win? En resumen nos dijo que se han dado distintos lineamientos para invertir en el exterior que no son vinculantes y nadie está verificando que se cumplan. Cosa contraria a lo que sucede con las 23 empresas transnacionales inscritas en la International Chamber of Mineral and Metals (ICMM).

La última expositora fue Emily Greenspan de OXFAM tocó el tema del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI-contenido en el Convenio 169 de  la OIT y en La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas). Lo que si trató de meter de contrabando es que la decisión que tome el pueblo indígena (aclaremos que pueblo indígena no es iguala comunidad campesina pues llegaríamos al absurdo que la comunidad campesina de Mala son indígenas)es vinculante para el Estado. Para respaldar su posición recoge las opiniones de notables funcionarios de la ONU, muy respetables, pero que no alteran lo escrito en el Convenio; el resultad del proceso de consulta no es vinculante. La propia OIT lo ha puesto por escrito esto, zanjando el tema.El segundo tema que mencionó es el trabajo realizado por OXFAM con ICMM en temas de pueblos indígenas, derechos humanos, CLPI, etc.

Luego vino la exposición de Rodolfo Abarca, Presidente del Frente de Defensa de los intereses y el Desarrollo de la provincia de Cotabambas (Apurímac), que se quejó que la “empresa” MMG (es una empresa australiana que administra el proyecto en representación de los dueños chinos) no ha hecho nada en educación y salud; como si fuera responsabilidad de la empresa (los de Cooperacción twiteaban sus declaraciones) y no de los tres niveles de gobierno. Se quejó que el plan propuesto por el Ejecutivo por un monto S/.800 millones no se les hayan consultado y por lo tanto lo rechazan. Tal es así que hay un paro en marcha que paraliza las operaciones de la mina.

El momento sumun del cinismo y la demagogia lo puso el congresista del frente Amplio, Richard Arce, que afirmó que sacaría una ley en el Congreso para hacer la CLPI vinculante. Si no tiene respaldo mayoritario de las bancadas, tomaría las calles. Una ley peruana no puede cambiar un convenio internacional.

Su segundo exabruptofue decir que la empresa no pagará impuestos por 5 años y que recién hacia el 2021 se tendría canon para repartir en Apurímac. Lo cierto es que para atraer inversiones se utilizó el mecanismo de depreciación acelerada (horizonte de 5 años). Para que las poblaciones aledañas sientan que la presencia de la mina les beneficia, el gobierno anterior planteó el “adelanto social”: traer al presente futuros flujos impositivos.Sucede que la exploración minera demora entre 4 a 6 años, la construcción de la mina unos 3 a 4 años y luego se tienen los 5 años para la depreciación acelerada.

En resumen, el nuevo objetivo es bloquear nuevas inversiones chinas o paralizar las ya existentes. ¿Quién asume las consecuencias socio económicas de este accionar? ¿Cómo se reemplaza el flujo de inversiones y la creación de empleos?

Realmente unos irresponsables egoístas.

 

Escribe: Miguel E. Santillana. Investigador principal, Instituto del Perú-USMP